miércoles, 30 de marzo de 2011

nuevas generaciones

¿Cuál es el papel de las nuevas generaciones en el contexto actual? En muchos países, los jóvenes salen a la calle preguntando cómo las generaciones mejor formadas de la historia de la humanidad malviven de trabajos precarios o de subsidios de desempleo. ¿Qué mecanismo de asignación de salarios se está siguiendo? ¿Cómo se puede mejorar la productividad si los jóvenes cualificados tienen contratos precarios?
      Toda protesta tiene eco cuando convive con una manifestación cultural, una de las más curiosas ha sido la erigida en Portugal en torno a esta canción:

Deolinda - Parva que sou
Música e letra: Pedro da Silva Martins
Sou da geração sem remuneração
e não me incomoda esta condição.
Que parva que eu sou!
Porque isto está mal e vai continuar, 
já é uma sorte eu poder estagiar.
Que parva que eu sou!
E fico a pensar, 
que mundo tão parvo 
onde para ser escravo é preciso estudar.
Sou da geração ‘casinha dos pais’, 
se já tenho tudo, pra quê querer mais?
Que parva que eu sou
Filhos, maridos, estou sempre a adiar 
e ainda me falta o carro pagar
Que parva que eu sou!
E fico a pensar, 
que mundo tão parvo 
onde para ser escravo é preciso estudar.
Sou da geração ‘vou queixar-me pra quê?’ 
 alguém bem pior do que eu na TV.
Que parva que eu sou!
Sou da geração ‘eu já não posso mais!’ 
que esta situação dura há tempo demais
E parva não sou!
E fico a pensar,
que mundo tão parvo 
onde para ser escravo é preciso estudar.

Soy de la generación sin remuneración
y no me incomoda esta condición.
¡Qué paleta que soy!
Porque esto está mal y va a seguir así,
es una suerte poder estar en prácticas.
¡Qué paleta que soy!
Y me quedo pensando,
qué mundo tan paleto,
donde para ser esclavo es preciso estudiar.

Soy de la generación “casa de los padres”,
si ya tengo todo, ¿para qué querer más?
¡Qué paleta que soy!
Hijos, maridos, estoy siempre aplazando
y aún me falta el coche por pagar.
¡Qué paleta que soy!
Y me quedo pensando,
qué mundo tan paleto,
donde para ser esclavo es preciso estudiar.

Soy de la generación “quejarme, ¿para qué?”
Hay alguien peor que yo en la tele.
¡Qué paleta que soy!
Soy de la generación “ya no puedo más”
que esta situación dura tiempo de más.
¡Y paleta no soy!
Y me quedo pensando,
qué mundo tan paleto,
donde para ser esclavo es preciso estudiar.

 (Trad. Departamento de economía)

martes, 15 de febrero de 2011

La educación, ¿un bien público?

El asalto a la educación pública

14dic 2010


JOSEP FONTANA (Diario Público)
En el actual desguace del Estado del bienestar le ha tocado el turno a la educación pública, y en primer lugar a la superior. En Italia la reforma Gelmini se propone eliminar un gran número de profesores y reducir considerablemente los fondos destinados a la universidad y a la investigación. Ante las protestas de estudiantes y profesores, Berlusconi ha manifestado: “Los verdaderos estudiantes se sientan en su casa y estudian, los que salen a las calles son alborotadores”. El otro foco de protestas ha sido Gran Bretaña, donde una propuesta semejante va acompañada del anuncio de una subida brutal de las tasas universitarias, que dejaría la educación superior reducida a un privilegio para los hijos de las clases elevadas.
El asalto no se refiere solamente a las universidades. En Estados Unidos –y es bueno fijarse en lo que ocurre allí, porque es el anuncio de lo que nos puede llegar pronto– la escuela publica está siendo atacada por dos caminos distintos. En primer lugar, por la necesidad de reducir el gasto. Michael Bloomberg, el multimillonario alcalde de Nueva York, ha puesto al frente de sus escuelas a Cathleen Black, presidenta del grupo Hearst (que edita publicaciones como Cosmopolitan o Marie Claire), una ejecutiva sin ninguna preparación en el terreno de la educación, que ya ha anunciado que su tarea se va a centrar en reducir el gasto del sistema escolar público, que es el que usan los pobres. Bob Herbert, que sitúa estos hechos en el contexto de una Norteamérica en que coinciden el mayor paro y los mayores beneficios de las empresas financieras, advierte: “La guerra de clases de la que nadie quiere hablar sigue sin pausa”.
Hay una segunda línea de ataque, en que participa activamente la Bill and Melinda Gates Foundation, que combate la escuela pública como ineficaz, sin tomar en cuenta la pobreza de recursos con que funciona, y acusa de ello a los sindicatos del profesorado, que se niegan a aceptar el despido de los maestros menos capacitados. Su alternativa son las charter schools, que están “exentas de reglas locales o estatales que inhiben una administración y gestión flexibles”.
Lo que estos planteamientos suelen ocultar es que, detrás de los argumentos de coste y eficacia, hay el propósito de combatir una enseñanza independiente y crítica, que se pretende reemplazar por otra que inculque valores patrióticos y conformismo social. James Loewen explica, en su libro Lies My Teacher Told Me, que los profesores norteamericanos tienen que ir con cuidado cuando hablan en clase de temas como, por poner un ejemplo, la guerra de Vietnam. “He entrevistado a profesores de Enseñanza Secundaria que han sido despedidos, o han recibido amenazas de despido, por actos menores de independencia como los de proporcionar a los alumnos materiales que algunos padres consideran discutibles”. Lo cual, sabiendo que nadie va a acudir a defenderles, les empuja a “la seguridad de la autocensura”.
Las bibliotecas son otro escenario de esta lucha. No sólo las de las escuelas –donde la Asociación de bibliotecarios de Estados Unidos ha denunciado que basta con la queja de un solo padre para eliminar un libro–, sino las públicas en general. Kurt Vonnegut ha elogiado a aquellos bibliotecarios que “han sabido resistir enérgicamente a los energúmenos que han tratado de eliminar ciertos libros de sus estantes y que han destruido los registros de los lectores antes que revelar a la policía del pensamiento los nombres de las personas que los han consultado”.
En un sentido semejante va la decisión del actual Gobierno pospinochetista chileno de disminuir las horas de Geografía, Historia y Ciencias Sociales en las enseñanzas Primaria y Secundaria, que ha provocado manifestaciones de protesta de profesores y estudiantes. O el menosprecio por la presencia de las Humanidades en la universidad, que ha llevado a un crítico de Not for profit –el libro en que Martha C. Nussbaum sostiene que la enseñanza que desarrolla un pensamiento crítico es necesaria para la supervivencia de la democracia– a realizar afirmaciones como la de que “los académicos emplean su tiempo y energía escribiendo monografías ilegibles sobre temas sin interés alguno”.
La tendencia, tanto en la escuela como en la universidad, apunta en la dirección de limitarse a ofrecer una formación que se dedique a preparar para el ingreso inmediato en la empresa. Se trata de consolidar el tipo de “currículum oculto” de que habla Henry A. Giroux por el que “la clase dominante se asegura la hegemonía”, transmitiendo “formas de conocimiento, cultura, valores y aspiraciones que son enseñadas, sin que nunca se hable de ellas o se expliciten públicamente”.
Todo lo cual debería llevarnos a reflexionar sobre las motivaciones que hay detrás de estas políticas. La idea de que sólo se puede combatir el déficit por el procedimiento del recorte del gasto social, ha escrito hace pocos días el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, “es un intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad del sistema de impuestos y disminuir el papel y el tamaño del Gobierno mientras se dejan determinados intereses establecidos, como los del complejo militar-industrial, tan poco afectados como sea posible”.
La educación pública es una parte esencial de nuestros derechos sociales y una garantía del futuro de nuestras libertades.
Josep Fontana es historiador
Ilustración de Jordi Duró


martes, 4 de enero de 2011

las pensiones sobre la mesa

El retraso de las jubilaciones (16-12-2010)


VICENÇ NAVARRO
El alargamiento, de los 65 a los 67 años, de la edad obligatoria de la jubilación afectaría de una manera muy de-
sigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales. Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años, mientras que el promedio de la UE-15 es de siete. (La distancia de dos años de longevidad entre las clases sociales es una aproximación, pues tiende a ser ligeramente inferior entre la burguesía, pequeña burguesía
y clases medias, y superior entre estas clases y la clase trabajadora).
A partir de estas cifras puede concluirse que, puesto que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo. En realidad, para muchas personas cuyo trabajo es más intelectual que manual y que es fuente de goce y estímulo tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar su salud. En EEUU, por ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad reclama a todos los docentes. La jubilación es un derecho, no una obligación. No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en profesiones y especialidades (como la medicina) donde hay una
enorme escasez de profesionales.
Pero este absurdo es incluso más injusto en la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, y para la cual el trabajo no es un instrumento de goce sino un medio a partir del cual obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación. Para esta persona, exigirle que trabaje dos años más es una enorme injusticia, y ello debido a que se la homologa con otra que, además de tener un trabajo estimulante muy distinto, le sobrevivirá muchos años. Es profundamente injusto pedirle a un miembro del personal de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para pagar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.
Pero a esta injusticia se añade otra, y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos 30 años ha sido también muy desigual. La burguesía, pequeña burguesía y clases medias han visto cómo se alargaba su vida mucho más rápidamente que la clase trabajadora. En EEUU, país que tiene un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España, las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante los últimos 30 años. Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista en comparación con pensionistas en cohortes anteriores (Dean Baker y David Rosnick, The Impact of Income Distribution on the Length of Retirement, Center for Economic and
Policy Research, octubre de 2010). La relevancia de estos datos para España es enorme, pues mientras que en EEUU la mitad de los trabajadores de 58 años trabaja en ocupaciones físicamente exigentes y/o
en condiciones difíciles (difficult working conditions), este porcentaje es incluso mayor en España, donde el nivel de cualificación en la fuerza laboral es menor que en EEUU. De ahí puede concluirse que su longevidad es menor y ha crecido menos en los últimos 30 años que las clases de renta superiores. Tratar a todos por igual es una gran injusticia.
Otro problema que existe en la propuesta de retraso de la edad de jubilación es que se basa en supuestos erróneos. El argumento que se utiliza constantemente para indicar que el sistema de pensiones público es insostenible es subrayar que, mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual consideran que es insostenible. Este argumento lo han utilizado una larga lista de instituciones y firmas de sensibilidad neoliberal. Y lo utilizó hace unos días el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una entrevista en el rotativo de mayor difusión del país, donde repitió el mismo argumento. Es más, este último indicó que, aun cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible.
Pero esto no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%, el PIB en 2050 sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir, como resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor, resultado del crecimiento de la población que trabaja (ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar del 52% fuera del 72% o del 75%, el PIB sería incluso mucho mayor. La alarma es totalmente infundada. Lo que el Estado debería hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de
trabajo en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso

sábado, 13 de noviembre de 2010

causas del desempleo

 

La culpa del paro es de los trabajadores

En épocas de crisis, la caída de los beneficios afecta al conjunto de cada empresa, pero los que pierden el trabajo suelen ser los más débiles. Quizá sea hora de plantearse reducir los sueldos de los altos ejecutivos

LOURDES BENERÍA Y CARMEN SARASÚA 24/11/2009

Tres hoteles de la cadena Hyatt Hotels Corporation de Boston, en Estados Unidos, despidieron recientemente a casi 100 trabajadores de la limpieza, que cobraban 15 dólares por hora y tenían seguro médico, en su mayoría mujeres negras e inmigrantes, que llevaban 20 años en la empresa. A través de una empresa de trabajo temporal, Hyatt ha contratado a nuevas limpiadoras a 8 dólares la hora y sin seguro médico. A las despedidas se les encargó enseñar gratis a quienes iban a reemplazarlas, que les fueron presentadas como sustitutas para vacaciones. La empresa alega que la crisis ha reducido sus beneficios y les obliga a tomar esta medida. Las trabajadoras denunciaron el despido a un sindicato, que ha organizado una formidable campaña de boicoteo a la empresa, a la que exige readmitir a los despedidos. A la campaña se han sumado desde la Asociación de Taxistas de Boston a organizaciones profesionales que están dejando de utilizar estos hoteles, respaldados por el propio gobernador de Massachusetts y el Ayuntamiento de Boston.
La noticia no es que se despida a trabajadores en tiempos de crisis. Ni que se despida a trabajadores veteranos y formados y se les reemplace por jóvenes sin formación. Tampoco es nuevo el secretismo en los despidos, ni obligar a quienes van a perder su trabajo a enseñar gratis a quienes les reemplazan. Lo novedoso es que frente a unos despidos se levante una ola de indignación que ha llegado a los políticos y al mundo académico. La International Association for Feminist Economics (IAFFE) afirma que si la empresa trataba de reducir costes para compensar la caída de beneficios hubiera conseguido una reducción mayor recortando un 1% los salarios de los altos ejecutivos que despidiendo a 100 de los empleados peor pagados.
En todos los países se aprecia un rechazo creciente a las enormes diferencias de ingresos entre los ciudadanos, que con frecuencia no responden a la cualificación ni al trabajo realizado. En España es fácil encontrar titulares denunciando El sueldo escandaloso de los banqueros. En EE UU, sus desorbitantes primas han llevado a The New York Times a afirmar que "no tienen vergüenza". También los salarios de los altos ejecutivos han generado un debate nacional, culminando con el anuncio del Gobierno de Obama de limitar el sueldo de 175 personas que dirigen empresas rescatadas por el Gobierno. El rechazo social a estos ingresos escandalosos no debería quedarse en una censura coyuntural. La crisis hace políticamente inaceptable la miseria creciente, las desigualdades en las rentas y en el nivel de vida de las personas. Unas desigualdades que durante las últimas décadas de políticas económicas neoliberales han aumentado, no disminuido, como nos prometieron. En nuestra opinión, la indignación contra las diferencias abismales no debe taparse ni desactivarse, sino, al contrario, convertirse en una oportunidad para repensar cómo explicar las desigualdades.
¿Cómo se asignan los salarios? ¿Cómo se decide lo que cobra la gente -los directivos de bancos y empresas, los empleados, los políticos? Una rápida ojeada a cómo ha explicado la Teoría Económica la formación de los salarios desde hace 250 años muestra una combinación de conceptos primarios que seguimos oyendo cada día en boca de los representantes de la patronal y de instituciones del Estado: hay que abaratar el despido, reducir los subsidios al desempleo, bajar los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, los convenios colectivos y las cotizaciones son los culpables de que no se contrate más... Aunque estos argumentos tienen sentido bajo ciertas circunstancias, es importante que analicemos la teoría que los justifica.
La primera teoría con la que se explicó la formación de los salarios fue la de los "salarios de subsistencia", sostenida por Malthus a finales del siglo XVIII, y por Ricardo a principios del XIX. Para el párroco Malthus, los trabajadores debían recibir unos salarios equivalentes a lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Cuando se les pagaba de más tenían más hijos, en pocos años aumentaba la oferta de trabajo, había más trabajadores que empleos, y la ley de la oferta y la demanda hacía que los salarios cayesen, provocando hambre y mortandad. Esta visión fue rechazada más tarde por Marx, para quien el que hubiera más trabajadores que empleos no sólo no era negativo para el capitalismo, sino que era lo que garantizaba sus beneficios, al constituirse en un ejército de reserva de fuerza de trabajo que permitía al patrono reemplazar a los trabajadores por otros más baratos. Sólo la negociación colectiva y la unión de los trabajadores en sindicatos podían contrarrestar el juego.
A finales del XIX, y en su afán por justificar la desigualdad salarial, la revolución marginalista explicó el salario como equivalente a la "productividad marginal" del trabajo. Es decir, los salarios igualaban el valor del producto neto que producían, y el desempleo era el resultado de que los trabajadores "costaban" más de lo que "valía" su productividad. En otras palabras, ganamos lo que vale nuestro trabajo. Si los directivos ganan mil veces el salario medio es porque producen mil veces el valor que nosotros producimos. ¿Que han arruinado a su empresa y perdido el dinero de los inversores... y siguen ganando mil veces más que usted? Aun así, dirá un economista ortodoxo. Naturalmente que la crisis económica disminuye el valor del producto marginal de los trabajadores, pero también el de los ejecutivos. La producción de una empresa representa el esfuerzo de muchos trabajadores. ¿Cómo distinguir entre los "productos marginales" de cada uno? Como en el caso de las limpiadoras de los hoteles Hyatt, las pérdidas son del conjunto de la empresa, pero quienes pierden el empleo suelen ser los más débiles.
Además, la teoría económica ortodoxa ignora lo que Lester Thurow ha llamado "the sociology of wage determination", los factores sociales y políticos que afectan a la remuneración del trabajo, como la existencia de sindicatos, las políticas de promoción de las empresas, o los salarios mínimos. Por el lado del capital, el acceso privilegiado a la información y a relaciones con las élites económicas y políticas, y los privilegios heredados, benefician su capacidad de negociación y sus múltiples fuentes de ingresos. La teoría económica tampoco explica por qué las mujeres y los negros (hombres y mujeres) ganan siempre menos que los hombres blancos. Porque el valor de lo que producen es menor, dirá un economista ortodoxo. Ellas han decidido estudiar menos y en consecuencia están peor formadas, o trabajan menos horas, o insisten en emplearse en sectores menos productivos. Estas explicaciones economicistas prefieren ignorar el racismo, las normas patriarcales o la profunda desigualdad de oportunidades entre grupos sociales.
En definitiva, la teoría económica al uso prefiere no tener en cuenta las diferencias de poder entre trabajadores, y entre éstos (que aceptan lo que les ofrecen porque su subsistencia depende de ello) y el capital (que impone sus condiciones puesto que puede no ofrecer el empleo). Si usted fuera más productivo ganaría más. Las injerencias de sindicatos o gobiernos sólo empeoran las cosas: a cambio de que unos pocos ganen más muchos perderán su empleo, o muchas empresas cerrarán, incapaces de hacer frente a los costes. Sobre los salarios que se asignan a sí mismos estos ejecutivos, directivos, empresarios, sobre cómo pactan sus primas, bonus, incentivos, blindajes, exenciones fiscales..., silencio.
La teoría económica lleva 200 años explicando la asignación de salarios como un proceso eficiente; intentando convencernos de que hay que dejar actuar al mercado. Pero la crisis económica nos está invitando a dudar de ella. La imposición de límites salariales a algunos ejecutivos por parte del Gobierno de Obama plantea el debate de qué consideramos un "salario justo". Entidades financieras como Credit Suisse están cambiando sus formas de pago y ejecutivos como Kenneth D. Lewis, del Bank of America, renuncian al sueldo (aunque cobrará 60 millones de dólares cuando se jubile en diciembre). No es que estas propuestas solucionen nada, pero reflejan la presión social. Si las empresas fueran más democráticas, los trabajadores podrían negociar y sugerir cambios sin tener que depender del Estado para proteger su empleo y su salario. Las directivas de organizaciones como la OIT son también un punto de partida para un mundo laboral más justo. Si dejamos de considerar aceptables las desigualdades brutales, si dejamos de aceptar que los salarios reflejan lo que vale nuestro trabajo, si presionamos como ciudadanos para que nuestros gobiernos asuman el objetivo político de un trabajo digno para todos, esta crisis se habrá convertido en oportunidad. En todo caso, estos esfuerzos deberán incluir el objetivo de reconstruir una teoría económica fosilizada.
Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell y Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la UAB.

lunes, 18 de octubre de 2010

sobre la felicidad

Want to be happy? Don't live in the UK
UK and Ireland are the worst places in Europe for quality of life – and France is the best – new study finds
·                            Mark King
·                            guardian.co.uk, Wednesday 22 September 2010 11.33 BST
Miserable weather, not enough holidays, and lower life expectancy ... why live in the UK? Photograph: Gerry Penny/EPA
The UK and Ireland have been named as the worst places to live in Europe for quality of life, according to research published today.
The UK has the 4th highest age – 63.1 – at which people choose or can afford to take retirement, and one of the lowest holiday entitlements. Net household income in the UK is just £2,314 above the European average, compared with £10,000 above average last year, falling behind Ireland, the Netherlands and Denmark.
UK workers enjoy a week less holiday than the European average and three weeks less than the Spanish, while the UK's spend (as a percentage of GDP) on health and education is below the European average and UK food and diesel prices are the highest in Europe. Unleaded petrol, electricity, alcohol and cigarettes all cost more than the average across the continent.
Ireland has the lowest numbers of hours of sunshine, the second lowest government spend on health as a proportion of GDP and the second highest retirement age of 64.1.
If that's not bad enough, France, Spain, Germany, Holland, Sweden and Italy all enjoy a longer life expectancy than the UK, according to uSwitch.com's latest Quality of Life Index.
The study examined 16 factors to understand where the UK sits in relation to nine other major European countries. Variables such as net income, VAT and the cost of essential goods, such as fuel, food and energy bills, were examined along with lifestyle factors, such as hours of sunshine, holiday entitlement, working hours and life expectancy.
France took the top spot for the second year running, despite families earning an annual net income of only £32,766 – £4,406 below that of the UK. In fact, the UK scores well in several categories (such as low VAT, decent pay and reasonable working hours) making its overall ranking surprising.
uSwitch explained that it did not give each individual factor a standardised weighing because each category has "different levels of importance to each individual". It said the UK's investment in health and education – or lack of it – had a significant impact on its score in the index.
France enjoys the earliest retirement age (joint with Poland), spends the most on healthcare (11% of GDP) and has the longest life expectancy in Europe at 81.09 years. Its workers also benefit from 36 days holiday a year – compared with just 28 in the UK – and it comes only behind Spain (second in the rankings) and Italy for hours of sunshine.
Ann Robinson, director of consumer policy at uSwitch.com, said: "Last year compared with our European neighbours we were miserable but rich, this year we're miserable and poor. Whereas some countries work to live, UK consumers live to work. The picture looks bleak for British consumers, with confidence crumbling as the reality of the government's deficit reduction starts to bite. But for those of us who decide to stick it out and ride the storm, there will be no choice but to batten down the hatches.
"There are positive signs that consumers are already cutting back, curtailing spending and trying to clear outstanding debt, but more could be done. Taking control of our household finances may be the only way we can steer through these turbulent times until we reach a point where we can start to see our quality of life improve."